El pasado 10 de mayo, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) socializó el proceso de adjudicación del inversionista que se encargará de construir, operar y mantener la infraestructura de gas en el Pacífico colombiano, así como de prestar los servicios asociados a ella, y anunció la publicación de una nueva adenda a los términos del proceso.
La infraestructura estará compuesta por una planta de regasificación para la importación de Gas Natural Licuado (GNL) a través de una unidad flotante de almacenamiento y regasificación en la bahía de Buenaventura, con capacidad de almacenamiento de 170.000 metros cúbicos y capacidad de regasificación de 400MPCD, y de un gasoducto entre Buenaventura y Yumbo que la conectará con el sistema de transporte de gas.
Se proyecta el inversionista sea seleccionado en julio y que el proyecto esté listo para 2028.
Una terminal de regasificación es una infraestructura que cuenta con tecnología que permite reconvertir a estado gaseoso el gas natural licuado. Este gas es el resultado de someter el gas natural a un proceso de enfriamiento a temperatura de -160°C para cambiar el estado gaseoso del gas natural a estado líquido, lo que facilita su transporte transfronterizo.
Colombia se abastece de gas natural a partir de la oferta nacional. De manera excepcional, y para cubrir las obligaciones de energía en firme de algunos generadores térmicos, se abastece de GNL importado a través de la infraestructura de importación y regasificación habilitada desde 2016 en Cartagena.
Sin embargo, debido a la posibilidad de desabastecimiento de gas natural, se considera prudente viabilizar otra infraestructura de importación, ubicada estratégicamente en el Pacífico colombiano, que pueda garantizar el abastecimiento a toda la demanda nacional.
“En Colombia se han realizado estudios y análisis por expertos y autoridades nacionales que concluyen que las reservas de gas vienen disminuyendo y los grandes campos de producción están en declinación. De allí, surgió la necesidad de que la política pública promoviera las actividades de exploración y producción de recursos nacionales, así como de evaluar la posibilidad de contar con infraestructura de importación”, afirma Mónica Torres, counsel de Energía & Cambio Climático de CMS Rodríguez-Azuero.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a 2021 el país contaba con ocho años de reservas probadas de gas natural. Estas cifras se actualizarán a finales de mayo, pero no se espera que cambien demasiado. Y, aunque los productores afirman que en Colombia hay importantes cantidades de gas que pueden ser aprovechadas para atender la demanda nacional y exportar, el actual gobierno ha decidido no adjudicar más áreas para la exploración y producción de hidrocarburos.
“Por eso, las directrices en la política energética del actual gobierno, que tienden a disminuir las actividades exploratorias, hacen aún más preocupante la capacidad de Colombia de ser autosuficiente y, por lo tanto, hace urgente el cubrimiento de las necesidades de consumo de gas natural en el corto y mediano plazo, incluso con recursos importados. En caso de que ocurra un desabastecimiento de gas natural, la existencia de esta infraestructura permitiría que la demanda acceda al mercado internacional para abastecerse con GNL”, agrega Mónica Torres.
Sin embargo, los usuarios residenciales del servicio de gas natural de todo el país tendrán a cargo el pago de esta infraestructura por quince años mediante cobro en la factura del servicio de gas natural, por lo que es probable que, en relación con otras regiones, se presente un aumento en la tarifa del servicio.
“En cualquier caso, la UPME deberá definir quiénes son los usuarios que se beneficiarán de la infraestructura quienes, en proporción de dicho beneficio, deberán asumir el pago de la infraestructura”, concluye Torres.
La UPME informó que solo seis meses antes de la fecha de entrada en operación de la infraestructura de importación publicará, de acuerdo con las necesidades de la demanda del servicio público de gas para esa fecha, el porcentaje de participación de cobro.
